La ONU pide al Gobierno que recupere Educación para la Ciudadanía
La desaparición de Educación para la Ciudadanía es una medida «retrógrada» que dificulta la enseñanza de los «derechos humanos de la mujer como parte inalienable de la ética cívica de los estados. Esa asignatura es una herramienta esencial». Lo dice el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer, ante el que el Gobierno pasa hoy un examen fin de lustro. ¿Qué se ha hecho desde 2010 en empleo, salud, migración, discapacidad, educación o violencia machista?
A juzgar por los informes de Naciones Unidas, poco. A juzgar por las respuestas del Gobierno, mucho.
Y es que tras más de dos años de preguntas y respuestas cruzadas entre el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) y el Ejecutivo, el último documento de la CEDAW sostiene que el «impresionante conjunto de leyes, políticas y planes» para integrar a las mujeres en la vida política, pública y económica y erradicar la violencia de género «no ha hecho mella en la cultura machista, ni ha reducido el nivel de violencia, ni ha eliminado las raíces de la discriminación que están en las actitudes patriarcales».
De hecho, la ONU afirma que esas causas «no han sido diagnosticadas y abordadas adecuadamente». «La voluntad política no ha garantizado que la igualdad de género destaque en la educación, la formación, la sensibilización de los servicios asistenciales y el acceso a la Justicia».
Tendrán trabajo los 21 miembros de la Fiscalía del Estado; los Ministerios de Exteriores, Justicia, Interior, Empleo, Sanidad y Educación, y la Misión Permanente ante Naciones Unidas que defenderán las políticas de Igualdad firmadas por España.
Porque el último informe de la CEDAW, fechado el 17 de junio, habla de «recortes presupuestarios», «reducción de la visibilidad en materia de género en las instituciones», «retroceso en el empoderamiento social y económico de las mujeres», «brechas salariales sin explicación», «preocupantes estereotipos discriminatorios a mujeres rurales, discapacitadas, pobres, migrantes y lesbianas» o «formación no adecuada con perspectiva de género en jueces, policías y trabajadores sociales».
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