La Junta de Andalucía quiere sancionar a las empresas que no cumplan medidas de igualdad
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha presentado hace unos días el anteproyecto de ley para la modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007, como método «imprescindible» para «luchar contra la violencia de género». Entre sus novedades, el texto prevé poner el foco en el empleo e incluye por primera vez un régimen de infracciones y sanciones, con multas que oscilan entre los 6.000 y 120.000 euros, un capítulo que en la norma actual no existe.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado que el nuevo texto, que consta de cinco títulos y de 86 artículos, ha sido «fruto de un amplio consenso», contando con las aportaciones de las principales asociaciones de mujeres y agentes socioeconómicos y teniendo en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento sobre igualdad y lucha contra la violencia de género (entonces compuesto por tres partidos). Con el cambio del arco parlamentario, se espera desde la Consejería que haya algunas matizaciones y modificaciones en la tramitación en la Cámara autonómica que ahora comienza.
Este novedoso régimen sancionador para garantizar la igualdad de género que contemplará la ley, ha sido una de las medidas más demandadas por los colectivos y entidades relacionadas con la materia, según ha explicado Sánchez Rubio. En este sentido, incluye sanciones leves, graves y muy graves con multas económicas de 6.000 a 120.000 euros y penas accesorias para empresas del sector privado como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
El nuevo sistema disciplinario se vinculará a las conductas infractoras que no recogen los regímenes que actualmente se aplican en materias laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y publicitaria (Consejo Audiovisual de Andalucía).
La consejera ha querido dejar claro que este régimen sancionador está sujeto al ámbito competencial de la Junta, de manera que, ante casos que excedan del mismo, la administración autonómica será un instrumento para transmitir la situación a quien corresponda, por ejemplo, en el caso de que las sanciones tengan que ver con la Inspección de Trabajo del Gobierno central.
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