Educación Comunitaria, la asignatura pendiente de la reforma educativa en Chile
El pedagogo brasileño Paulo Freire escribía en el Chile de 1968 su obra Pedagogía del Oprimido, sobre la concienciación de las que él denomina “clases oprimidas” para liberarse de los “opresores” y transformar la realidad.
Desde entonces, su influencia marcó el impulso de la educación popular, comunitaria, alternativa, libre o autogestionaria –la denominación puede variar según los matices ideológicos del colectivo que la ponga en práctica– y adoptó un fuerte carácter político impulsado por movimientos de izquierda y comunidades cristianas de base.
En Latinoamérica las experiencias de educación comunitaria abarcan desde las 5.000 escuelas en los caracoles de Chiapas o las más de 1.000 escuelas rurales del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, hasta los cientos de jardines maternales y bachilleratos populares en el cono bonaerense argentino.
El reconocimiento a este tipo de prácticas desarrolladas en la región llegó en 1976 con la “recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos” de la Unesco. Luego, en 2009, en la Conferencia de Educación de Jóvenes y Adultos Confintea VI-Unesco, los países reconocieron a las organizaciones comunitarias como un socio clave en la provisión de aprendizajes y de educación.
En Chile, existen varias de estas experiencias destinadas a la educación no formal e informal para niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo del país; además de bibliotecas, radios, editoriales o centros culturales sin fines de lucro que desarrollan acciones educativas concretas para complementar y/o transformar, el sistema escolar actual.
Sus impulsores coinciden en subrayar el proceso de aprendizaje que las prácticas autogestionadas educativas entregan tanto al educador como al educando. Además, defienden las lógicas de trabajo “solidarias, antipatriarcales, anticoloniales y sanadoras de la autoestima”.
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