Plan Internacional pide acabar con invisibilidad de las niñas en las leyes
Las niñas y mujeres jóvenes son invisibles en las leyes, en los tratados, las convenciones y resoluciones internacionales, según la organización no gubernamental Plan Internacional, que ha pedido la urgente aprobación en España de la ley integral de protección ante la violencia contra la infancia.
Se trata del informe titulado «Los derechos de las niñas son derechos humanos», en el que se analizan más de 1.300 textos de todo el mundo entre 1930 al 2007 y que ha sido presentado en el Parlamento de Andalucía en presencia de todos los grupos políticos y de más de una centena de niños y niñas de varios centros sevillanos.
Las conclusiones constatan que los ordenamientos jurídicos no recogen derechos especiales para las niñas en asuntos como la violencia de género, el matrimonio forzado o la mutilación genital.
Plan Internacional reconoce que durante décadas se produjeron avances en el reconocimiento de los derechos y protección de la niñas, pero ha advertido de que en los últimos años se ha producido un «retroceso» que provoca que hayan quedado «relegados».
Es el caso de la igualdad real y el progreso en materia de educación, salud, trabajo o vida en familia, lo que se complica y aumenta con aspectos como la pobreza, la etnia, la discapacidad o el territorio.
La directora de Incidencia Política de Plan Internacional España, Emilia Sánchez, ha lamentado que la invisibilidad de las niñas tiene un efecto directo en sus vidas, y ha destacado entre las conclusiones del informe datos tan llamativos como que una niña es obligada a casarse cada dos segundos o los tres millones que corren el riesgo de sufrir mutilación genital cada año.
«Más de 130 millones no tienen acceso a la educación. Las niñas sufren violaciones de derechos humanos que deben ser contempladas por los convenios y tratados internacionales. En España el 67 % de todas las violencias que se producen hacía la infancia son cometidas contra la niñas», ha demandado.
Esta ONG cree que las niñas y jóvenes menores deberían estar doblemente protegidas por los tratados que defienden los derechos de las mujeres y por los que definen los derechos de la infancia, algo que «no ocurre», como concluye el informe.
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