Educación en medio de una pandemia: sálvese quien pueda
Con las medidas de protección frente a la crisis de la Covid-19, como la cancelación de las clases presenciales en los centros educativos, estudiantes y docentes de todo el Estado español se han visto obligadas a adaptar su trabajo, transformando por completo las rutinas de enseñanza y aprendizaje. En numerosas ocasiones, la improvisación frente a las circunstancias excepcionales predomina en la nueva configuración de la actividad educativa. Tareas online, trabajos prácticos que pasan a ser teóricos y clases a través de plataformas de internet son algunas de las estrategias adoptadas. Hoy contamos con herramientas online que facilitan la comunicación audiovisual, que hacen posible acercar lo que es lejano. En un par de clicks, una profesora puede tener delante de sus ojos a su alumnado y viceversa. Pero este avance tecnológico tiene algunos contras. Hay personas que prefieren no mostrarse a través de la web, hay personas que tienen mayores dificultades para comunicarse por esa vía, y la protección de todas las personas que usan esas plataformas está en duda. ¿Qué pasa con el derecho a la intimidad o con el derecho a la propia imagen? ¿Dónde está la garantía de protección de datos de profesorado y alumnas cuando se hace obligatorio el desarrollo de las clases en Internet? ¿Qué pasa con los derechos de los y las menores que están teniendo que usar Zoom, Skype, y otras aplicaciones de gigantes tecnológicos para verse con sus profesores y profesoras y continuar dando las materias?
La abogada Manuela Battaglini ya advirtió del peligro que suponen estas prácticas en el diario El País hace unas semanas. Contaba que las aplicaciones que utilizamos para hacer videoconferencias “se están lucrando recopilando y vendiendo salvajemente incluso más información que antes”. Por ejemplo, Zoom, una de las aplicaciones que más está destacando, adelantando a los conocidos Skype o Hangouts, “recopila una cantidad ingente de datos”. “No solamente guarda datos proporcionados voluntariamente como tu nombre y tu dirección de correo electrónico, también las conversaciones, los documentos que compartimos, el tiempo que estamos hablando, nuestros dispositivos o nuestra geolocalización”, advertía la abogada. A Battaglini le preocupa que los datos de los y las menores “queden en manos de gigantes tecnológicos”. A algunas profesoras y profesores les preocupa también que su imagen personal pueda ser utilizada por los y las alumnas para fines discriminatorios, como la elaboración y distribución de memes o vídeos en clave de humor a través de las redes sociales.
Desde el Ministerio de Educación indican que, en el ámbito de sus competencias, “está llevando a cabo una serie de acciones a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). El INTEF, en colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad INCIBE, ha elaborado recomendaciones para familias, docentes y estudiantes en materia de ciberseguridad y ha puesto a disposición cursos de formación al respecto, además de los recursos recogidos en la web AseguraTIC”, explican. Aseguran que “el INTEF sigue trabajando en facilitar herramientas y recursos”. Se trata de recomendaciones cuya concreción depende de cada Comunidad Autónoma puesto que, apuntan desde el Ministerio, “es competencia de estas”.
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