El Congreso avala la ley de infancia, que ampliará la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años
El pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado el proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia con un amplio consenso y la oposición de dos grupos: Vox y PNV. Este último al considerar que invade competencias autonómicas. PdCat y EH Bildu han optado por abstenerse.
Entre los principales cambios respecto al borrador inicial está la ampliación del plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años –actualmente son 18 años– para evitar que los casos queden impunes. Esta modificación –una enmienda aprobada en las últimas horas entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, EB Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano– permitirá que las agresiones más graves puedan denunciarse hasta los 50 años, ya que, por lo general, este tipo de delitos suelen denunciarse mucho después de que ocurran.
Partidos como el PP y Ciudadanos, así como como entidades sociales, habían propuesto aumentar aún más este plazo, hasta los 40 años. Entre las más de 200 enmiendas incorporadas por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad también han quedado fuera una serie de propuestas de Unidas Podemos que no contaban con el apoyo del grupo socialista: no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a menores de edad, por un lado, y, por otro, que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitaciones adecuadas y apoyo psicosocial.
Tras este paso, el texto aprobado pasará al Senado, donde se espera que se sigan debatiendo algunas enmiendas y se incorporen mejoras. De seguir tramitándose bajo el procedimiento de urgencia como hasta ahora, los plazos podrían reducirse a la mitad y la ley podría estar publicada en el BOE en junio.
Las organizaciones que llevan años trabajando para la aprobación de esta ley coinciden en que se han producido avances en relación al borrador: «Como la capacidad de denuncia por parte de los niños y niñas sin necesidad de valorar su madurez, el refuerzo del deber de denuncia a la ciudadanía y cualificado para profesionales que trabajen con infancia y adolescencia, la ampliación del cómputo de plazo de prescripción o que se inste a aprobar un futuro proyecto de ley para la especialización de juzgados y violencia contra la infancia», detallan desde Save the Children.
Esta organización, no obstante, también insiste en que existen aspectos que requieren una atención especial. Por ejemplo, que la definición de violencia sea acorde con la Convención de los Derechos del Niño o la concreción sobre los requisitos que otorgan la calificación de «entornos seguros» que recoge el texto. También la ampliación de la prueba preconstituida hasta los 16 años obligatoria y una «necesaria valoración del interés superior del menor para los casos entre los 16 y los 18 años», así como «la eliminación de los Servicios Sociales como agentes de la autoridad».
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