Hacia un feminismo jurídico y legislativo: el lenguaje de los derechos de las mujeres
El 3 de noviembre de 1793, Olympe de Gouges, feminista francesa del sector girondino, subía al patíbulo a que le cortaran la cabeza. Su asesinato se perpetraba dos años después de elaborar una revisión crítica de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, texto adalid de la progresía gala y de las futuras democracias occidentales europeas, fruto del triunfo de la Revolución de 1789. En ella de Gouges a grandes rasgos denuncia una cosa: que al referirse al «hombre» y al «ciudadano», se referían literalmente a eso. Las mujeres, todas –obreras, burguesas, aristócratas– quedaban en los márgenes periféricos de la ciudadanía.
Así, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se constituyó como un texto legislativo revolucionario, que ponía el jaque el modo en que se manifiestan los matices ideológicos, determinantes en la construcción o destrucción de derechos de las mujeres, a través de las palabras que emplea la ley.
A punto de cumplirse el 225 aniversario del guillotinamiento de la pensadora francesa, Carmen Calvo, ministra de Igualdad del actual Gobierno, ha encargado a la Real Academia Española (RAE) un estudio que sirva para adecuar la Constitución Española de 1978 a un lenguaje no sexista, que incluya de verdad a las mujeres. «Tenemos una Constitución en masculino», denunciaba Calvo, exigiendo un lenguaje «correcto y verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres».
El director de la institución, Darío Villanueva, mantenía que contestarían «conforme lo que a la Academia le parezca que tenga que ser: un trabajo riguroso, serio y despolitizado, desde el punto de vista lingüístico y gramatical». Sin apartarse «de lo que ha sido la tradición gramatical ortográfica y lexicográfica desde hace más de 300 años«, apuntalaba Villanueva.
El escritor Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Academia desde hace 15 años, daba una respuesta algo más clarificadora, y prometía que abandonaría la ‘T’ sobre la que ahora reposa si es que la iniciativa de adaptar la Carta Magna al lenguaje inclusivo salía adelante. Barbijaputa, periodista y activista, proponía en Twitter acuñar el nuevo término «enreverter: amenazar con irse de un sitio creyéndose imprescindible».
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