Las estudiantes chilenas esperan desde hace un año nuevos protocolos contra el acoso en la universidad
«Ni el protocolo [de la universidad] ni el sistema judicial es suficiente para las denunciantes. Nos relegan a un rol secundario, donde todo es secreto y ni siquiera podemos decir qué pasó ni defendernos de las decisiones que toma la universidad”. Es la crítica que la estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, Sofía Brito, expresaba en contra de la desprotección que vivió por acusar dentro de la universidad a uno de sus profesores. Fue en mayo de 2018, cuando la joven y exayudante de Carlos Carmona, quien además de académico fue presidente del Tribunal Constitucional, dio a conocer públicamente una denuncia por acoso sexual y laboral contra el docente que terminó provocando su dimisión. El caso motivó una protesta feminista que paralizó las clases de la facultad durante 74 días, en un contexto de movilizaciones estudiantiles que se replicaron en todo el país para exigir una educación no sexista y el fin de la violencia machista en las aulas.
Entre abril y agosto de 2018, la ola de protestas estudiantiles feministas provocó la ocupación y paralización de 24 universidades de Chile y convocó masivas manifestaciones en las principales ciudades del país.
Las primeras en organizarse fueron las jóvenes de la Universidad Austral de Chile, ubicada en la ciudad sureña de Valdivia. El 17 de abril de 2018 estudiantes de Antropología se tomaron el edificio de su facultad para denunciar varios casos de acoso y abuso entre estudiantes. A ellas se sumaron las jóvenes de Ciencias de la misma casa de estudios, que rechazaron la decisión de la institución de mantener en plantilla a un docente que, tras una investigación interna, fue hallado culpable de acosar sexualmente a una funcionaria. En un par de semanas, las ocupaciones llegaron a la capital, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por las acusaciones de Sofía Brito en contra de Carmona.
Poco a poco, otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, fueron sumándose a la movilización estudiantil feminista. Entre ellas, la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, que fue la que estuvo más tiempo en paro, casi cuatro meses, y que incluso implicó una huelga de hambre para conseguir que su rector aceptara el petitorio; o también la Pontificia Universidad Católica, que fue ocupada por última vez en 1986, en plena dictadura.
Universidades sin protocolos
Los petitorios que presentaron las estudiantes a los rectores de las universidades paralizadas recogían distintas demandas. Pero prácticamente todos tenían en común la creación o mejora de los protocolos internos para abordar situaciones de acoso y/o abuso; la suspensión y expulsión de los académicos involucrados en estos casos, y la eliminación de la educación sexista, una cuestión muy amplia que abarcaba desde el lenguaje que los docentes utilizan en clase, hasta cursos obligatorios con perspectiva de género incluidos en el currículum académico o cuotas de género en cargos académicos y administrativos, entre otros.
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