Este 25 de noviembre vuelve a ser el recordatorio de una barbarie cotidiana. La lista de mujeres asesinadas a manos de sus parejas es mucho más que una estadística insoportable. Es la prueba de un fracaso colectivo que atañe a toda la sociedad y que solo puede avergonzarnos. El machismo mata, maltrata, humilla, discrimina y silencia. Hay que dejar de aceptar que una de cada cinco mujeres en el mundo sea víctima de esta intolerable violencia. Hay que dejar de aceptar lo inaceptable.

Hoy es un día de lucha y de protesta. En realidad, todos los días tendrían que serlo. Nos compete a todos acabar con esta lacra que ha segado la vida en España de más de 1.000 mujeres desde 2003 –desde que hay estadística- y que en lo que llevamos de 2020 ha sumado otras 40 víctimas a su macabro balance. En medio, una pandemia nos sigue golpeando con una brutalidad a la que pocas veces nos habíamos enfrentado. La pesadilla ha sido aún mayor para muchas mujeres, obligadas por el confinamiento y por su situación de vulnerabilidad a convivir con sus agresores.

No podemos callar porque el silencio nos hace cómplices y perpetúa la violencia de género. Hay que perseguir a los maltratadores y plantar cara a aquellos que, desde el fanatismo y la ignorancia, cuestionan, matizan o disculpan esta violación de los derechos humanos. Me refiero a la ultraderecha, que representa un neomachismo que ha irrumpido en el debate público para criminalizar a las mujeres con un mensaje perverso y ofensivo: ellas mueren pero los perseguidos son los hombres.

Los feminicidios son la manifestación última y salvaje de una desigualdad estructural, que es la malla sobre la que se tejen las relaciones de poder y dominación que se ejercen contra las mujeres. No hay que llamarse a engaño. La brecha salarial en nuestro país se ha reducido pero sigue siendo del 12%, según Eurostat, y la tasa de temporalidad de las mujeres es cuatro puntos superior a la de los hombres. Ellas copan los contratos a tiempo parcial y cerca del 90% de las excedencias concedidas para cuidados, pese a los avances en materia de conciliación. Estas circunstancias determinan finalmente que sus pensiones también sean muy inferiores a las de los hombres.

La igualdad es uno de los ejes de la acción del Gobierno, como lo es la prevención y el combate contra la violencia de género. Los Presupuestos para 2021, en trámite en estos momentos, cumplen con lo establecido en el Pacto de Estado y destinan 180 millones -200 millones si se suman otras partidas complementarias- a este objetivo. La futura ley orgánica de Garantía de la Libertad Sexual reformará el Código Penal para penar como violación todo acto sexual realizado sin consentimiento. Las víctimas no habrán de someterse a examen público para demostrar que no fingen, que no simulan, que no son culpables. El silencio nunca más será un sí.

También se producen pequeños avances en el ámbito del trabajo. Recientemente, se han aprobado reglamentos que desarrollan la normativa sobre igualdad laboral y obligan a las empresas a publicar de manera desagregada los salarios de sus empleados para determinar si existe discriminación. Se ha extendido el permiso de paternidad a ocho semanas no compartibles para favorecer la corresponsabilidad. Queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Apenas si hemos dado los primeros pasos, pero no vamos a dejar de caminar.

En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hemos puesto en marcha una Agenda por la Igualdad con acciones concretas que dan una perspectiva feminista a las inversiones en transportes, infraestructuras y vivienda. Esta misma política, coordinada por una mesa de Igualdad, Diversidad y Cooperación, rige en las empresas públicas dependientes del departamento y en sus agencias de seguridad ferroviaria (AESF) y aérea (AESA).

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