Plataformas de infancia piden a Educación que revise el caso de 150 niños sin documentos y sin plaza escolar en Melilla
La Plataforma de Infancia ha solicitado este martes 8 de junio frente a las puertas del Ministerio de Educación ―que ostenta la competencia educativa en Ceuta y Melilla— que se revisen los casos de los 150 menores sin documentos que se han quedado sin plaza escolar en la ciudad autónoma de Melilla una vez que se han conocido las listas provisionales de admitidos. Algunos de ellos son apátridas: nacidos en Melilla, pero sin nacionalidad española ni marroquí, de donde son originarios sus padres. Otros de esos menores —de tres a 16 años— tienen pasaporte marroquí. “Estas familias han demostrado su residencia efectiva en Melilla. De hecho, desde que se cerraron las fronteras en marzo de 2020 es obvio que esos niños no se han movido, y pese a ello se les está negando la escolarización”, ha denunciado Ricardo Ibarra, director de la plataforma, que ha recordado que tanto la ley educativa como la Constitución reconocen el derecho a la educación de todos los niños en España, “independientemente de la situación de sus padres”. “Esto puede tener, además, graves consecuencias en su desarrollo vital, ya que no solo afectará a su proceso educativo, sino a su capacidad para relacionarse”, ha añadido Ibarra.
El problema, según explican organizaciones de infancia de la ciudad autónoma, es que la dirección provincial del Ministerio de Educación en Melilla alega que las familias no han presentado los documentos que acrediten su residencia en el territorio. Según el director provincial de Educación en Melilla, Juan Ángel Berbel, hay 140 casos por estudiar de forma individualizada. El escollo es el certificado de empadronamiento, del que carecen muchos menores, incluso nacidos en Melilla, cuyas familias no han podido regularizar su situación debido a trabas administrativas. En todos estos casos, defiende, la Administración tiene indicios de que están en la ciudad.
En Melilla conseguir empadronarse puede llevar años, acusan algunas ONG. En el proceso para tramitar el padrón existen algunas complicaciones que no se dan en otras autonomías. La Administración tiene que cerciorarse de que residen en la vivienda en la que se quieren empadronar y para ello mandan a la policía a comprobarlo en diferentes ocasiones. El proceso puede durar meses. A eso se suma que muchas familias residen en áreas que no cuentan con planificación urbanística, en construcciones levantadas de forma irregular que no cuentan con cédula de habitabilidad, y en las que resulta imposible empadronarse.
Leer el artículo completo en El País.
